El presidente de Canarias, Paulino Rivero, amenazó este jueves con
"una ruptura de las relaciones" con Madrid, tras la autorización dada
por el gobierno a Repsol para que busque petróleo en las aguas del
archipiélago.
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| Una plataforma de para extraer petróleo es fotografiado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, Canarias |
En una decisión publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el ministerio de Industria español dio a Repsol una autorización, válida tres años, para buscar petróleo a unos 50 km de la costa de las islas de Lanzarote y Fuenteventura, con tres sondas y una profundidad de 3 a 7 kilómetros.
"La gravedad de este asunto (...) hace absolutamente imprescindible la intervención del presidente del Gobierno de España", afirmó Rivero en referencia a Mariano Rajoy.
"Mientras que yo sea presidente del gobierno no habrá ninguna prospección petrolífera si hay el más mínimo indicio de que puede generar el más mínimo problema en materia de medio ambiente", había afirmado Rajoy el viernes tras reunirse con el rey Felipe VI en Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares.
Rivero advirtió contra toda diferencia de trato entre Canarias y Baleares, también férreamente opuesto a la prospección de hidrocarburos en sus aguas y gobernado por el PP.
De lo contrario se podría producir "una ruptura de las relaciones institucionales de las Canarias con el gobierno español", afirmó.
En contrapartida a las prospecciones, Repsol deberá constituir una garantía de 20 millones de euros (26,7 millones de dólares) para "cubrir responsabilidades medioambientales" y cesar sus operaciones en caso de actividad sísmica en la región superior a 4,5 en la escala de Richter, según el BOE.
El grupo español ya anunció que espera empezar la prospección submariana en el último trimestre de este año. Su presidente, Antonio Brufau, defendió que la explotación de hidrocarburos podría generar 5.000 empleos en Canarias, un archipiélago golpeado por un desempleo de casi el 30%.
Además de las autoridades locales, también los ecologistas se oponen al proyecto.
Para
Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y
SEO/Birdlife, el proceso que condujo al ejecutivo de Madrid a dar la
autorización "ha sido notoriamente irregular". Por consiguiente,
"recurrirán la decisión administrativa ante los tribunales españoles y
europeos", anunciaron en un comunicado.
Fuente: es.finance.yahoo.com
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