La Cámara Alta debe decidirse pronto por un modelo de reforma que la acople al fin que la Constitución diseñó para ella si no quiere poner en riesgo su supervivencia
El pasado martes el Senado abordó en un arduo debate
la reforma de la Administración que encabeza el Gobierno. De forma
paralela se pronunciaba la calle. En Twitter, agrupados a través de la
etiqueta #abcreforma, los lectores de ABC aseguraron
en un 50% que el propio Senado sería el primer ente público que
suprimirían de tener la tijera en sus manos. En concreto su presidente,
Pío García-Escudero, sería el primero en ser recolocado.
García-Escudero inauguró el curso que organiza la UNED muy
consciente del recelo que genera la institución. «Lo que hay es una
visión desenfocada de la realidad, distorsionada por un marco de
desafección social», lamentó. Ahora Escudero encabeza la enésima
intentona de reforma de esta institución, que (si no vuelve a
retrasarse) debería ver luz pública en septiembre.
Es de esperar que una vez «restaurado» este ente decimonónico se acople por fin al sentido que la Constitución proyectó para él:
representar y defender los intereses autonómicos. «Actuamos en interés
de nuestro modelo autonómico y, en definitiva, de nuestro sistema
democrático parlamentario», explicó Escudero al presentar la reforma.
¿De notables a inútiles?
La Cámara Alta nació como una reunión de notables, de
hombres de alta cuna. Sus raíces se remontan al Estatuto Real de 1834,
promulgado en la época de Isabel II. Con él se instaura un sistema
bicameral del que beberán las futuras constituciones españolas.
El Senado desapareció durante la dictadura de Primo de
Rivera, la Segunda República y el Franquismo y resucitó mediante la Ley
de Reforma Política. La Constitución de 1978 recuperó la Cámara Alta,
pero con un papel muy distinto: según el artículo 69.1, será la Cámara
de representación territorial. Un rol protagonista en el nuevo estado
descentralizado.
Sin embargo, el diseño final del sistema bicameral español deja a la Cámara Alta con un papel secundario, sin apenas poder decisorio. Su única tarea será repercutir el eco sordo de lo que se decide en la Cámara Baja.
Desde el punto de vista bicameral, el Congreso de los Diputados ostenta
un claro protagonismo en la función legislativa, mientras que el Senado ocupa una posición de segunda lectura.
Así, los proyectos de ley del Gobierno –con mucho los más
numerosos- se presentan y se tramitan en la Cámara Baja. El Senado puede
vetarlos o enmendarlos, pero tanto sobre el veto como sobre las enmiendas decide finalmente el Congreso. Lo mismo ocurre con el proyecto anual de presupuestos generales del Estado.
De otro lado, aunque el Senado controla al Gobierno a
través de preguntas, interpelaciones y comparecencias, la relación de
confianza se da exclusivamente con la Cámara Baja: es ésta la que
inviste al Presidente del Gobierno al comienzo de la Legislatura y la
que puede destituirle mediante la aprobación de una moción de censura o
la no aprobación de una cuestión de confianza.
La sociedad hace tiempo que percibió esta duplicidad
absurda y exige saber porque razón debe pagar por una institución que no
le aporta en principio ninguna utilidad y que actúa en demasiadas ocasiones como lugar de retiro de viejas glorias políticas
Intentonas
El Senado lo ha intentado. La Cámara Alta acordó en 1994 la
creación de una «Ponencia para el estudio de la reforma constitucional
del Senado». Trató de atacar sus defectos en diciembre de 1996 y en
junio de 2000, bajo el Gobierno Zapatero. Incluso en 2005, el Gobierno
encargó un informe al Consejo de Estado sobre las reformas
constitucionales imprescindibles, entre ellas la del Senado.
Este organismo consultivo propuso entre otras cosas un nuevo sistema en el que todos los senadores fueran de elección directa, y cada autonomía elegirá seis, otro por provincia,
y uno más por cada millón de habitantes. Bonitas palabras que quedarán
para el estudio en las aulas de derecho de las universidades y el
estudio doctrinal. La Cámara Alta se aferra a su inmovilismo.
Renovarse o morir
¿Pero por qué es tan difícil abordar el cambio? En la
opinión de Jerónimo Sánchez Blanco, ex diputado y constituyente, «el
Senado podría convertirse en la piedra angular del Estado de las
Autonomías si lo reformamos y nos olvidamos «de esa cámara de notables,
nobles y arzobispos», pero el problema es que «los partidos políticos no quieren».
Bernardo Bayona trató de hacerlo. El socialista fue uno de
los miembros de la ponencia de reforma del Senado del 94 que nunca llegó
a ver la luz. Este ex vicepresidente de la Cámara Alta considera que
ahora mismo es «una obligación política su reforma» y que esta «debería
incluir una modificación del Titulo VIII, el correspondiente al modelo
territorial del Estado».
En la opinión de este socialista que ha pasado dos décadas de su vida al servicio de la Cámara Alta abordar la reforma ahora mismo es imprescindible. «La población se pregunta “¿Por qué hay que pagar al Senado?» Porque lo cierto es que si el Senado desapareciera ahora mismo no pasaría nada».
Soluciones
El bicameralismo no es una anomalía del sistema español.
Existen segundas cámaras en Estados Unidos, México, La India, Bélgica,
Austria o Alemania.
Un grupo amplio de expertos considera que el constitucionalismo español bebe en muchos sentidos del alemán y, en ese sentido el Senado podría acomodarse fácilmente en una versión española del Bundesrat,
el órgano de representación de los dieciséis «länder» germanos. En la
opinión de Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano y
profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid «lo
ideal sería un Senado inspirado por una parte «en las actuales
Conferencias Sectoriales», donde se reunen representantes de cada
Comunidad Autónoma para tratar temas en concreto, y por otra «en el
Bundesrat alemán».
La composición del Bundesrat es distinta de la de otros
órganos legislativos propios de los Estados federados (como, por
ejemplo, el Senado estadounidense). Sus miembros son nombrados y retirados directamente por los gobiernos regionales.
En esta situación, opina Molina, podrían ocurrir «cosas interesantes».
Por ejemplo, en la reforma educativa algunos de representantes
autonómicos del Partido Popular se opusieron a la reforma Wert en la que
se pedía un 6,5 para obtener una beca. En esta situación, con una
Cámara alta con verdaderos poderes «podría haberse dado la paradoja de que un Senado de mayoría Popular paralizara la reforma educativa».
El exdiputado Jerónimo Sánchez Blanco también cree que «hay que incardinar a las autonomías en el Senado», solo que no al estilo del Bundesrat, sino a través de representantes elegidos por los parlamentos autonómicos. «Es la única manera de que el pluralismo político quede representado», considera.
Elija la fórmula que elija, en plena crisis institucional el Senado tiene (quizás) la última oportunidad de hacerse un lavado de cara. De ser lo que debería haber sido o de simplemente, dejar de ser. En palabras de Pío García- Escudero, «no es el momento de apostar en ningún caso por menos Parlamento y, por tanto, menos democracia; todo lo contrario: más Parlamento, más democracia».
Fuente: abc.es
