Los dueños de compañías privadas pueden alegar motivos religiosos para incumplir este mandato de la reforma sanitaria
El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó este lunes
que algunas empresas privadas pueden alegar motivos religiosos para
negar seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos a sus
empleadas. En la sentencia más importante del curso judicial, los jueces
rechazaron la postura de la Administración Obama y uno de los apartados
de la reforma sanitaria más controvertidos.
El dictamen de este lunes, el último del año, tiene
implicaciones importantes para la reforma del sistema de salud impulsada
por Obama hace cuatro años, así como para las elecciones legislativas
del próximo mes de noviembre. Se espera que entonces el Partido
Republicano haga de este caso uno de sus argumentos políticos centrales
para recuperar la mayoría en el Senado.
Para la Casa Blanca, sin embargo, el dictamen pone en
peligro la salud de las mujeres, según afirmó en rueda de prensa el
portavoz, Josh Earnest. "El abogado constitucional en el Despacho Oval
está en desacuerdo" con la sentencia, explicó Earnest. La decisión del
Supremo ha suscitado también las críticas del portavoz demócrata en el
Senado, Harry Reid, quien aseguró que los empresarios "no deben
inmiscuirse en qué decisiones que pueden tomar las mujeres acerca de su
salud".
Consideramos que ese sistema es una alternativa que cumple con todos los objetivos del Gobierno y además proporciona un mayor respeto a las libertades religiosas”
La juez Ruth Ginsburg, veterana defensora de los derechos
de las mujeres y de las minorías en la corte, advirtió en su opinión -en
representación de los cuatro jueces que se oponen al dictamen- que la
sentencia es de “una amplitud sorprendente” por sus consecuencias
futuras (se estima que el 99% de las mujeres estadounidenses ha empleado
algún tipo de anticonceptivos). “Este tribunal, me temo, acaba de
adentrarse en un campo de minas”, añade Ginsburg. Kennedy, sin embargo,
rechaza esta postura en un escrito adjunto a la sentencia, asegurando
que el Gobierno cuenta con mecanismos suficientes para que ninguna mujer
encuentre obstáculos para acceder a los tratamientos que le son
garantizados por ley.
El Supremo estudió esta primavera las demandas de dos empresas
cuyos dueños argumentaron que la obligación de proporcionar tales
pólizas médicas, que cubren el coste de anticonceptivos, violaban sus
derechos religiosos. La cuestión clave fue formulada durante la
audiencia esta primavera por la juez Sonia Sotomayor: “¿Cómo practica su
religión una empresa?” preguntó a los abogados de las dos compañías demandantes.
La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense
establece que el Gobierno no podrá aprobar ninguna ley que limite el
libre ejercicio de la religión, sin embargo, estos dos casos plantearon
si ese derecho, correspondiente a los ciudadanos, se puede extender
también a las empresas. Los demandantes se amparaban en la Ley de
Libertad Religiosa de 1993, según la cual si una normativa limita el
libre ejercicio de la religión de un ciudadano deberá cumplir con un
interés general del Gobierno. La corte debía determinar por tanto si esa
libertad
La Administración Obama determinó en 2012 que todas las
empresas, a partir de un cierto número de empleados, debían proporcionar
seguros médicos que cubran el coste de los anticonceptivos, sin gasto
adicional para la consumidora -como ocurría antes de la reforma
sanitaria. A pesar de que los anticonceptivos pueden ser recetados por
cuestiones médicas, los demandantes se oponen a su consumo al
equipararlas con el aborto.
Aquella decisión provocó un intenso enfrentamiento entre la
Casa Blanca y diferentes organismos religiosos de EE UU, que reclamaron
una excepción para las instituciones, así como para ONGs de afiliación
religiosa. Obama cedió y aprobó que los grupos religiosos no tuvieran
que costear el gasto de tratamientos anticonceptivos, sino que
simplemente les obligaría a garantizar que sus empleadas sí tengan
acceso a pólizas que los cubran.
El remedio para aquella crisis no fue suficiente y en los
últimos dos años numerosas empresas han presentado demandas similares a
las consideradas por el Supremo. Sus dueños no representan a
organizaciones religiosas y no pueden atenerse a la misma excepción
legal, pero defendieron que la ley les obliga a actuar en contra de sus
creencias bajo amenaza de una penalización económica. El Supremo les
acaba de dar la razón y se espera que la Administración Obama determine
muy pronto cómo garantizar el acceso de millones de mujeres a uno de los
beneficios que hasta ahora debían proporcionar las empresas para las
que trabajan.
Los cuatro métodos en cuestión
Emilio de Benito
La sentencia del Tribunal Supremo de EE UU se refiere a la
posibilidad de no incluir cuatro tratamientos anticonceptivos en los
seguros médicos que obligatoriamente deben suscribir las empresas a sus
empleadas. Se trata de cuatro métodos que los dueños de las compañías
consideran “abortivos”, y que, por tanto, violentan sus conciencias.
Dos de ellos son los distintos tipos de las denominadas píldoras del
día siguiente, un anticonceptivo de emergencia. Estos medicamentos han
estado envueltos en polémica desde que se aprobaron, porque en un primer
momento se adujo que actuaban de dos maneras: como un combinado
hormonal que retrasa la ovulación (por lo que impide la fecundación),
pero, también, porque se creía que dificultaba la implantación de un
óvulo fecundado en la pared del útero. Esta última alegación se vio a
posteriori que no era cierta, y así lo indica la Organización Mundial de
la Salud, pero la Agencia del Medicamento de EE UU (FDA) todavía no ha
modificado su información.
Los otros son dos dispositivos intrauterinos (DIU), el más simple de
cobre y el recubierto de hormonas. En estos casos la FDA indica que
“puede impedir la implantación del óvulo fecundado”. Para quienes
consideran que la vida empieza en cuando el espermatozoide llega a su
destino, dificultar su desarrollo es abortar.
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
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