Resucita otra mega causa de corrupción urbanística en el sur de Tenerife: Arona 2
La acusación particular pide elevar de 22 a 25 el número de
imputados en este caso que afecta a concejales y funcionarios de tres
mandatos
La imputación de una diputada del PP y la saturación de los juzgados aroneros mantiene dormida esta instrucción desde marzo de 2013
Los responsables del Ayuntamiento de Arona tienen en su contra al menos nueve causas penales por delitos urbanísticos, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación
La imputación de una diputada del PP y la saturación de los juzgados aroneros mantiene dormida esta instrucción desde marzo de 2013
Los responsables del Ayuntamiento de Arona tienen en su contra al menos nueve causas penales por delitos urbanísticos, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación
Los Cristianos. Foto: José Mesa/Flickr |
El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte
por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La
cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese
ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de
Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por
22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y
prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras
ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes
municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos
mandatos.
Citación de nuevos imputados y testigos
En representación del bloque anticorrupción liderado por Ciudadanos por Arona, el abogado Felipe Campos
instó el martes por escrito al titular del juzgado de primera instancia
e instrucción número 4 de Arona a realizar varias diligencias
probatorias que incluyen, entre otras propuestas, la citación en calidad
de imputados de dos ex secretarios generales del Ayuntamiento (Cristian
Marcelino Represas y Javier García Doncel) y del redactor del PGO
tumbado hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias por ocho motivos distintos de nulidad que coinciden en gran
medida con los presuntos delitos que se investigan en el Caso Arona 2).
Además, Campos ha propuesto la citación en calidad de
testigos de cinco funcionarios de este Ayuntamiento: las dos
responsables del servicio jurídico de Urbanismo, Manuela Melo y Carmen
Ana Díaz ; la jefe de Recursos Humanos, Carmen Teresa Hernández; el
coordinador del Plan de Modernización, Juan Pedro García y, por último,
el arquitecto Damián García.
Falsificación documental y grabaciones sobre pelotazos
En ese escrito Campos plantea en primer lugar "fijar el objeto" de este
complejo procedimiento penal que aúna cinco denuncias presentadas ante
Fiscalía entre 2008 y 2011 por presuntos delitos relacionados con el
controvertido urbanismo de este municipio turístico, residencial y
agrícola.
Al parecer, la instrucción del caso Arona 2
se había centrado solo en una de las denuncias (la relativa a la
aprobación plenaria del PGO) y había pasado por alto la parte de la
causa referida a la presunta falsificación documental del planeamiento
urbanístico aprobado en pleno, así como la relativa a las grabaciones en
las que se oye al entonces alcalde y al redactor del PGO reconociendo
irregularidades y pelotazos en el planeamiento que intentaban aprobar.
Asimismo, parece que en esta instrucción también se habían obviado las
denuncias contra las argucias desarrolladas por los gobernantes y
técnicos municipales para seguir concediendo licencias al margen de la
legalidad a pesar de que ya estaba en marcha una investigación judicial
por esa práctica (el caso Arona 1, que arrancó a principios de 2007).
Para poner la instrucción al día, además de las nuevas imputaciones y
testificales, el letrado de la acusación particular ha requerido la
aportación documental de expedientes de licencias urbanísticas "que no
han sido aportadas a la presente causa" a pesar de formar parte de la
misma.
Aparte de todo ello, está buscando una parte
de esta causa a la que ha perdido la pista: la denuncia de un pelotazo
relativo a la recalificación de 152.000 metros cuadrados de suelo
rústico.
¿El motivo de semejante desbarajuste en esta instrucción penal?
Por una parte, la saturación de los juzgados aroneros (uno de los más
atascados del país) y la inestabilidad de su plantilla: por esta
instrucción que arrancó en 2008-2009 han pasado ya al menos tres
magistrados y tres fiscales. Por otra parte, la complejidad de esta
causa que incluye una parte escindida del caso Arona 1 (mega querella
que fue dividida en dos para evitar que se eternizara su instrucción) y
cinco denuncias de Felipe Campos y José Antonio Reverón (concejal de
Ciudadanos por Arona). Influye también que están imputados gobernantes
de dos mandatos distintos (los siete integrantes de la Junta Local de
Gobierno de 2003-2007 –de CC, PP y CAN-CCN–, y los siete de 2007-2011,
todos de CC), así como concejales dos partidos de la oposición (PP y
CAN-CCN). Algunos acumulan imputaciones como gobernantes de dos mandatos
distintos y otros como gobernantes en la primera etapa y como ediles de
la oposición en la segunda etapa política investigada en este caso.
Además, ha complicado esta investigación el elevado número de
empresarios aludidos en las licencias concedidas con informes jurídicos
desfavorables (a mediados de 2012 declararon ocho titulares de
licencias, pero faltarían varios más). Sin olvidar que forma parte de
estas diligencias previas también el inmenso Plan General que comenzó a
tramitarse en Arona en 1997, que se rehizo entre 1999-2003, que volvió a
rehacerse de nuevo entre 2003-2006 y que, una vez aprobado
definitivamente en pleno, sufrió transformaciones secretas hasta su
nueva aprobación definitiva en diciembre de 2012 (con lo que no es de
extrañar que se hayan emitido en su contra 16 sentencias de nulidad
tanto totales como parciales).
Un año de atasco por la imputación de una aforada
Y lo que más ha demorado esta instrucción, aparte de las tácticas de
dilación de la defensa de los imputados, ha sido la presencia de una
aforada entre los imputados. Desde que en noviembre de 2012 fue citada a
declarar la diputada Águeda Fumero por haber apoyado la entrada en
vigor de un PGO con indicios de ilegalidad cuando era concejal de la
oposición, este caso quedó estancado. Ella impugnó la citación alegando
que le correspondía comparecer ante el Tribunal Supremo, el magistrado
instructor aprovechó ese fuero para intentar deshacerse de esta
complicada causa enviándola íntegra al Alto Tribunal; la fiscal y el
abogado Felipe Campos recurrieron esa decisión y el Supremo les dio la
razón indicando que no era razonable enviar toda la instrucción a Madrid
cuando la aforada solo estaba implicada en una cuarta parte de la
causa. La abogada de los imputados recurrió sin éxito para intentar que
la instrucción se llevara a cabo fuera de la Isla (lo que hubiera
imposibilitado la presencia de acusación particular) y, desde entonces
(marzo de 2013), el caso Arona 2 no había vuelto a dar señales de vida.
Fuentes judiciales apuntan que al fin está despertando y que está
previsto que haya citaciones de imputados y testigos durante el próximo
mes de octubre. Con lo cual, teniendo en cuenta las otras causas
protagonizadas por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de
Arona, toca un calendario judicial de lo más apretado para ello.
Calendario judicial de los políticos aroneros
Resumiendo ese calendario, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife está pendiente de fijar fecha para el mega juicio del caso
Arona 1, que aglutina a 16 acusados de delitos contra la ordenación del
territorio, cohecho, malversación, extorsión, tráfico de influencias y
prevaricación (entre ellos, ocho imputados de CC, PP y CAN-CCN, el
exarquitecto jefe y un exaparejador del área de Urbanismo). Uno de los
acusados, Antonio Sosa, aún forma parte del gobierno aronero de
Coalición Canaria y está compitiendo por ser candidato a la alcaldía.
Durante el presente mes de julio han sido citados a declarar 15
políticos municipales imputados por prevaricación en el caso del Alcalde
Okupa por las tretas que urdieron entre agosto y noviembre de 2012 para
mantener en la Alcaldía a un alcalde que incurría en causa de
incompatibilidad a raíz de una condena de inhabilitación (las
imputaciones que pueden derivar en la inhabilitación de la mayoría del
pleno aronero aluden al actual alcalde, al exalcalde y a 11 ediles del
grupo de gobierno de CC, así como a dos de la oposición del CAN-CCN). En
esta causa también han sido citados en calidad de testigos los 10
ediles de la oposición de PSOE, PP y CxA, así como la secretaria general
del Ayuntamiento.
También está previsto que entre
este mes y septiembre presten declaración en calidad de imputados el
exalcalde, el anterior y el actual concejal de Urbanismo por el caso
Relinche (permitir la construcción de un chalé en suelo rústico bajo
licencia para una cuadra de caballos) y por el caso Capitel (reapertura
irregular de un pub mientras los tribunales investigaban su licencia de
actividad a raíz de una denuncia vecinal).
A todo
ello se unen el caso Arona 3 (de tal magnitud que el fiscal ha planteado
dividirlo en cinco causas), el caso Arona 4 (centrado en el gasto
presuntamente ilegal de casi 100 millones de euros de dinero público
durante la última década, 15 de los cuales fueron gastados el pasado
2013), el caso Enchufe 2 (imputado el exalcalde inhabilitado en el caso
Enchufe 1) y varias causas más cuyo contenido no ha trascendido aún.
Según un documento emitido por los juzgados aroneros al que ha tenido
acceso Tenerife Ahora, el exalcalde José Alberto González Reverón está acusado e imputado en nueve causas penales distintas.
Fuente: eldiario.es
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