Okapi denuncia el envío ilegal de perros a Alemania

La nueva directiva suspendió los traslados por desconocerse el destino final de los animales

Un voluntario municipal, Servando Cueto, cierra una de las jaulas en la perrera municipal. i GABRIEL FUSELLI

La nueva directiva de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas Okapi ha denunciado públicamente la exportación masiva de perros desde Fuerteventura hacia Alemania sin ningún tipo de control. Estas exportaciones se han realizado de forma mayoritaria desde la Perrera Municipal de Puerto del Rosario, que viene gestionando desde el año 2005 la citada entidad protectora a través de convenios de colaboración. Sin embargo, el Consistorio capitalino, titular del centro canino, no ha ejercido durante este tiempo ningún seguimiento ni control de la actividad que se ha venido realizando en el mismo. 

La gravedad de la denuncia se localiza en las sombras que encubren las supuestas adopciones en el país germano ya que no existe una base de datos sobre el destino de los perros ni se conoce la identidad de los propietarios. Las sospechas se centran en que un alto porcentaje de estos animales podían haber terminado en manos de laboratorios, instituciones universitarias o centros de investigación.

La actual presidenta de Okapi, Gabriela Cabalieri, afirma: "Nos hicimos cargos de la asociación el pasado 10 de junio. Tras examinar la escasa documentación que nos dejaron podemos afirmar que desconocemos el paradero y el destino final de todos los perros que han salido de la perrera de Puerto del Rosario".

La polémica se ha asentado en el seno de Okapi desde hace meses, en concreto tras el cambio de la junta directiva. Las denuncias de socios y voluntarios sobre la gestión de la perrera y de la propia Cabalieri se han acrecentado hasta el punto que existen dos bandos claramente enfrentados. Tras esta situación, el Ayuntamiento capitalino realizó el pasado día 4 una inspección al citado centro, donde se determinó el estado de precariedad de las instalaciones y de los perros. También decretó el nombramiento de varios voluntarios. "La perrera tiene capacidad para 80 perros y alberga 240. Además, el Ayuntamiento nos debe 12.000 euros según el convenio, aparte de obras de remodelación en las instalaciones. Así no podemos afrontar nuestra gestión, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos para salvaguardar la integridad de los perros".

Según ha podido saber este periódico, algunos perros eran enviados a Alemania con microchips españoles, aunque la mayoría con identificación alemana pero sin registrar en España para facilitar la entrada en aquel país.
Fuente: laprovincia.es

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  Debe ser ley porque es justa”

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