Luego de la entrada en vigor de una medida que beneficia a corporaciones
como Monsanto, Dupont y Syngenta en perjuicio de campesinos colombianos
y sus prácticas ancestrales, el gobierno de Colombia enfrenta serias
protestas en todo el país.
Desde el 19 de agosto pasado, Colombia
ha vivido una serie de manifestaciones de origen campesino y agrario,
esto a causa de la entrda en vigor de un Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y el gobierno del país sudamericano que, en términos
generales, privilegia los intereses de grandes corporaciones de
alimentos genéticamente modificados sobre el bienestar de agricultores y
aun de la misma población nacional.
Las protestas se han presentado en
diversos puntos del territorio colombiano, con participantes que se
cuentan en decenas de miles y protagonizadas por algunos de los sectores
más importantes del campo, entre ellos los de los arroceros y los
cafetaleros. Asimismo, en días recientes se han sumado otros grupos como
el de los mineros, el de los pequeños productores, transportistas e
incluso el sector salud, una tendencia solidaria que de algún modo
demuestra que, en el fondo, el problema no es solo de los campesinos,
sino que más bien se vive una situación generalizada de desigualdad
social con causas comunes.
Sin embargo, en el caso específico delas protestas agrarias, hasta ahora el principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario,
la cual prohíbe a los campesinos almacenar semillas de sus propias
cosechas para siembras futuras y, a cambio, permite únicamente la compra
de semillas “certificadas”, un recurso legal en el que algunos han
visto el favoritismo franco para empresas multinacionales como Monsanto,
Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos
transgénicos.
Para los campesinos colombianos esta
medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de la
agricultura, amén de los daños al campo y aun a la salud humana que
conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos genéticamente
modificados. Y por si esto no fuera poco, la ley establece sanciones
económicas y de cárcel para quienes, pese a todo, almacenen sus propias
semillas.
Dharmadeva, columnista del diario colombiano El Espectador, ha llamado a esta situación “la nueva dictadura alimentaria”,
aludiendo a la tendencia monopólica que afecta también al sector
agrario: “cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían
convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz,
algodón y soya de Syngenta o Dupont”, escribe el también Doctor en
Derecho.
Por otro lado Eduardo Muñoz Serpa, del
diario Vanguardia, señala el hecho repetido en otros países de la
pobreza y la marginalidad implícitas en tratados de libre comercio que
se firman entre un país altamente industrializado como Estados Unidos y
otro más bien subdesarrollado como Colombia: la situación económica del
primero termina triunfando sobre el segundo, aplastando las
posibilidades de desarrollo autónomo de la población originaria y, en
contraste, generando ganancias únicamente para quienes de inicio
propusieron reglas siempre favorables para sus propios intereses. Escribe Muñoz Serpa:
En Colombia la
situación del sector agrario es desesperante. Las políticas aperturistas
han arruinado a los agricultores, sean ellos cafeteros, arroceros,
cacaoteros, papicultores, palmeros, lecheros, avicultores,
porcicultores, etc.
Los TLC condenaron
al hambre a los campesinos. La importación de productos agrícolas de
E.U. y de otros países a muy bajos precios, hace que nuestros
agricultores no puedan competir. Aquí los insumos son caros y cultivar
es costoso.
En este sentido, Arturo Wallace enlista en un artículo publicado en BBC
esos productos que se importan y contra los cuales la producción local
no puede competir al momento de generar ganancias y hacer económicamente
sostenible el campo colombiano: cebada, trigo, soya, sorgo, algodón,
papa, leche, hortalizas, cacao y azúcar.
Por otro lado, previsiblemente si se
considera que en tiempos recientes hace mucho que el gobierno de un país
no está del lado de los intereses de su población, el presidente Juan
Manuel Santos se ha negado a negociar mientras los bloqueos persistan en
el país. El domingo pasado hizo incluso una declaración desafortunada
al decir que “el tal paro nacional agrario no existe”, esto a pesar de
las casi 50 mil personas que se habían manifestado en días anteriores.
Sin duda una notable falta de sensibilidad social que de algún modo
revela en dónde está puesta verdaderamente la atención del mandatario y,
en general, de la clase gobernante.
¿Cuál es el futuro que espera al campo
colombiano? ¿El del dominio total por parte de las grandes empresas
multinacionales que tienen como único objetivo la ganancia económica a
costa del empobrecimiento generalizado? O quizá las protestas triunfen
y, por esta vez, el bien común persista sobre los intereses de esa
minoría privilegiada.
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa”
